La participación organizada de la ciudadanía en los territorios se ha materializado en los comités de monitoreo y la vigilancia ambiental. Estas son iniciativas ciudadanas que tienen como misión preservar sus territorios y aportar a la sostenibilidad del país mediante el registro y notificación sobre la contaminación existente por la extracción petrolera y minera. Desde los comités y programas de monitoreo y vigilancia ambiental las comunidades se constituyen como actores protagónicos en el diálogo multiactor y en la toma de decisiones.

Con la misión de fortalecer estas iniciativas, el PNUD y el Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA) han suscrito un Memorando de Entendimiento. Este hito marca el inicio de una alianza estratégica de cooperación entre ambas instituciones que contemplará acciones conjuntas enmarcadas en un plan de trabajo que iniciará este año y que continuará con un plan de trabajo hacia el 2023.

Durante la ceremonia de la firma del convenio, la representante residente del PNUD, María del Carmen Sacasa, sostuvo que “este convenio reafirma el compromiso de brindar asistencia técnica con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para incorporar los enfoques de interculturalidad  y de género en su proceso de actualización del Reglamento de Participación Ciudadana en el Monitoreo Ambiental, así como contribuir al registro nacional de comités de monitoreo, y la elaboración de una guía global sobre monitoreo ambiental participativo”.

Así mismo la gerente general del OEFA, Miriam Alegría Zevallos indicó que reitera el compromiso de los equipos técnicos de su institución en la consecución de las actividades comprendidas y que este es el inicio de una alianza estratégica que permitirá logros importantes. 

Desde el PNUD venimos trabajando con el Comité de Huarmey en Ancash y el Programa de Vigilancia Territorial Indígena de Cuatro Cuencas en Loreto; este último ha realizado más de 1209 denuncias de los impactos producidos en sus territorios desde el 2007. Asimismo, junto con el Estado se han identificado más de 3000 sitios impactados en el Lote 8, ex Lote 1AB, Lote 192 y el Oleoducto Norperuano. Mediante el trabajo de las y los monitores ambientales el Estado ha podido acceder a información que le permite comprender la situación ambiental en los territorios.