La entrevista por Cámara Gesell y Sala de Entrevista Única es un procedimiento que recoge el testimonio de una víctima de violencia. A través de una única entrevista desarrollada por un psicólogo o psicóloga, se busca que la víctima no tenga que relatar varias veces, a quienes operan la justicia, la situación traumática que vivió, con lo cual se evita la revictimización y se le ofrece un espacio seguro. 

A consecuencia de la pandemia estos espacios han funcionado con dificultad debido a que son ambientes cerrados con alta posibilidad de contagio. Asimismo, padres, madres o personas cuidadoras de niños y niñas afectados/as por casos de violencia optaban por no asistir a las entrevistas frente al temor de contraer el virus. En ese sentido, el Ministerio Público se enfrentaba al desafío de elaborar un protocolo que unificara los criterios a usarse para el correcto funcionamiento de la Cámara Gesell y la Sala Única de Entrevista en el actual contexto de COVID-19 para ofrecer las garantías de salud y de acceso a la justicia para las víctimas.  

En ese contexto de emergencia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) colaboró con el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) en la incorporación del enfoque de género y de derechos humanos en la directiva que debía elaborarse. A través del proyecto Acceso a la Justicia para las Mujeres, el PNUD  contribuyó a la generación de una discusión amplia con las y los fiscales, así como con especialistas del IML para construir participativamente una propuesta de consenso que no solo comprendió la revisión de los procedimientos con los que funcionaban las Cámaras Gesell y las Salas de Entrevista Única, sino también el análisis de las condiciones sanitarias que exigía la pandemia y los retos que ello suponía.

Antes de la pandemia, estos espacios consistían en dos ambientes continuos divididos por una pared con un vidrio de visión unidireccional. En una de las salas se encontraba la víctima y el o la especialista en psicología forense, quien buscaba recoger el testimonio mediante preguntas. En el otro ambiente se encontraban fiscal, juez o jueza y abogado o abogada de las partes implicadas (persona acusada y víctima). El o la psicólogo/a forense contaba con un auricular que le permitía recoger preguntas adicionales por parte de las personas en la otra sala. Todo este proceso ha tenido que reconfigurarse hacia uno que asegure las condiciones de bioseguridad necesarias. 

“La búsqueda del apoyo al PNUD surge desde la Fiscalía de la Nación quienes habían desarrollado una guía que requería ser adaptada a un nuevo modelo que ofreciera las garantías procesales y de salud. Fue un proceso participativo y de construcción colectiva en el que revisamos propuestas y experiencias comparadas de países de la región” comenta Jennie Dador, abogada experta en género y derechos humanos que estuvo a cargo de la facilitación para la construcción de la directiva.

“Al inicio tuvimos que variar la dinámica de la Cámara Gesell, principalmente con la reducción de números de casos, ya que inicialmente se priorizaron los casos de flagrancia (cuando hay detenidos). Para nosotros es muy importante la conexión con la persona, por eso con el uso de mascarillas veíamos limitada la observación e incluso los gestos como una sonrisa que ayudan a generar confianza”, comenta Jhony Rivera, psicólogo que se desempeña como perito forense en las entrevistas únicas en Cámara Gesell  en el distrito fiscal de Lima Noroeste. Especialistas de psicología forense como Rivera han tenido que adquirir nuevas habilidades de comunicación interpersonal para poder conectar con las víctimas y recoger su testimonio.

Esta directiva incorpora opciones de telecomunicación como un mecanismo para salvaguardar la salud de la víctima y los demás actores en la ruta de acceso a la justicia. Para el caso de quienes en condiciones prepandemia presenciaban el interrogatorio, pueden conectarse mediante una sala de Google Meet para atestiguar la entrevista, y comunicarse con el psicólogo forense. Asimismo, se establecen mecanismos como el uso de cubrebocas, la instalación de una barrera de protección de vidrio o acrílico que proteja al perito en psicología y a la víctima, así como la desinfección antes y después del uso de los ambientes. Finalmente, se incluye un procedimiento que recoge información sobre el estado de salud de la víctima, relacionados a la sintomatología de COVID-19 y el contacto con casos diagnosticados. 

“Este proceso ha permitido escucharnos y pensar en que a veces uno asume que hay un usuario estándar de la cámara y que todas las víctimas son iguales. Hay víctimas que por su tipo de discapacidad necesitan entrar acompañadas de una persona cuidadora o un intérprete, acceder a una sala en el primer piso. Incluso la situación de muchas madres que no pueden acompañar a sus hijos e hijas en un horario de la mañana por las labores de cuidado que realizan” resalta la abogada Jennie Dador. Y es que, si bien la pandemia obligó a operadores de justicia a adecuar el servicio de Cámara Gesell a las condiciones sanitarias, la discusión sobre el protocolo fue más allá y obligó a repensar y considerar las complejidades de los distintos usuarios y usuarias del servicios a fin de garantizar una atención adecuada y oportuna.

Este enfoque interseccional es el principal aporte de la revisión de la directiva, ya que se pensó en las diversidades de víctimas que acceden a la Cámara Gesell. Sumado al enfoque de género, se recogió la necesidad de incorporar el enfoque de discapacidad en atención a la preocupación transmitida por el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pensar en las personas con discapacidad y su acceso a este servicio marcó un hito en el reconocimiento de los derechos de este grupo, ya que fue la primera vez que se incorporaba el enfoque de discapacidad en una directiva para el uso de la Cámara Gesell.

La protección de la víctima es el principio que rige en estos casos, y la Cámara Gesell contribuye a no revictimizar a las personas que están transitando de ser víctimas a sobrevivientes. “La posibilidad de acceder a la justicia es parte de esa recuperación y no debe ser un episodio tan o más traumático como el que ya vivió la persona” recalca la especialista Dador. 

Para tomar en consideración: Los delitos que son aplicables al procedimiento de la Cámara Gesell son los casos de violencia física, psicológica y sexual. Cerca de 19000 casos de violencia sexual, delitos flagrantes y tentativas de feminicidios se registraron desde el inicio del estado de emergencia, el 17 de marzo del 2020, Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de los Equipos Itinerantes de Emergencia. Si bien los Centros Emergencia Mujer estuvieron suspendidos hasta junio del 2020, desde esa fecha a diciembre del mismo año se registraron 114,495 casos de violencia. Así mismo en enero de este año ya se registraron 13,491 casos. 

Descarga y revisa aquí la nueva Directiva para el funcionamiento de Cámaras Gesell en el contexto de pandemia