Villa el Salvador es uno de los distritos con más casos registrados de violencia basada en género (VBG) en el Perú. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2020, es el segundo distrito a nivel nacional con mayores índices de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, después de San Juan de Lurigancho.

Esta violencia no solo afecta la salud física y mental, así como el bienestar, desarrollo y productividad de las mujeres, sino también la de sus familias y comunidades. Un informe del PNUD reveló que solo en 2018, la violencia basada en género le costó a la comunidad de Villa el Salvador S/ 240.8 millones de soles, el equivalente al 53% del gasto total del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el mismo año y cuatro veces el gasto del gobierno distrital en obras públicas el 2016.

En 2019, gracias al liderazgo de las mujeres organizadas y de diversos actores e instituciones locales, Villa El Salvador (VES) establece una red comprometida, activa y capacitada de expertas y expertos locales (conocida como la Instancia de Concertación de Villa El Salvador), según lo estipulado por la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

La Instancia de Concertación de VES se caracteriza por tener una participación local amplia, que integra a las instituciones del circuito de atención y protección frente a la violencia, las ONG, los organismos internacionales como el PNUD y, sobre todo, a una mayor cantidad de organizaciones de mujeres, que las sugeridas en la ley -ocho organizaciones que representan más del 26% de los miembros de la Instancia- liderazgos  que han sido fortalecidos, visibilizados e incluidos para participar activamente en los procesos de planificación, actuación y vigilancia.

Este modelo de liderazgo y participación efectiva ha permitido que esta Instancia  se convierta en una Instancia de Concertación que denominamos “plus”, pues ha logrado el involucramiento de sus miembros en el diseño y consolidación de herramientas integrales de gestión local para la respuesta comunitaria frente a la violencia, como un Plan de Acción multianual, el Protocolo Distrital para abordar la Violencia de Género y un plan de contingencia en el contexto de pandemia; por ello se busca que esta experiencia sea replicada. Cabe resaltar que el costo de implementar una respuesta local con estas características (USD 256,000 durante 2.8 años), es significativamente menor al costo total estimado de la no prevención durante el lapso de un año (USD 72.9 millones solo en 2018).

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