El impacto económico de la emergencia de la COVID-19 se sentirá primero en los hogares urbanos de Perú, donde se concentra el 78% de trabajadores del país, debido a la parada súbita de la actividad sobre todo de los sectores de turismo, servicios y comercios, reveló un informe presentado esta semana por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en alianza con el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

En principio, este análisis señala que este impacto económico dependerá tanto de la duración de las restricciones de circulación necesarias para frenar esta pandemia, al igual que de la cantidad de fuentes de ingreso que tenga cada hogar. En efecto, aquellos hogares urbanos que dependan de una sola fuente de ingresos (30%) o dos fuentes de ingresos (40%), serían los más afectados. Esto sobre todo si te tiene en cuenta que poco más de la mitad de los hogares, además, depende de trabajadores sin contrato e independientes informales.

Dada esta informalidad, solo una porción limitada de los hogares urbanos tiene protección normativa en esta crisis. De hecho, solo un tercio de los hogares tiene como principal fuente de ingresos a trabajadores formales. Incluso en ese caso, muchos de estos trabajadores tienen contratos a plazo fijo, donde al menos 27% son de tres meses o menos. Si las contrataciones se paralizan en marzo y abril, habría una pérdida del 16% al 20% de los empleos formales.

Aún cuando es pronto para cálculos exactos, PNUD y GRADE analizan los potenciales impactos de la pandemia sobre los ingresos de los hogares urbanos en el país, para contribuir al diseño de medidas políticas de corto y mediano plazo que permitan no solo lidiar con la crisis, sino también posicionar al Perú frente al nuevo orden económico global que podría emerger. 

Las recomendaciones políticas de este informe responden tanto a la cuarentena total como al levantamiento gradual de las restricciones ante la crisis de la COVID-19, enfocándose en atender particulamente a los hogares y las empresas en el país.

Durante la cuarentena será esencial facilitar un ingreso por hogar de acuerdo al estatus laboral de la principal fuente de ingresos, sin hacer cortes por focalización. Para operativizarlo se recomienda, por una parte, identificar los errores de exclusión en el Padrón General de Hogares (PGH) a fin de tener una visión más completa de los hogares vulnerables o en riesgo de caer en vulnerabilidad; y por otra, la inclusión en el sistema financiero de los hogares receptores de los bonos.

Además se podría continuar con la flexibilización en las normas laborales para evitar el quiebre de las empresas, que concentran el 64% del empleo formal del país, monitorizando la respuesta de estas empresas a estos apoyos para evaluar qué tan efectivos son en preservar empleos.

En cuanto al momento en que se levanten gradualmente buena parte de las restricciones actuales, las recomendaciones se centrarían en estimular el crecimiento del empleo formal y, con esto, la demada agregada. Entre estas medidas estarían, por ejemplo, prolongar el subsidio de la planilla, anunciando una fecha de término en que las empresas ya no gocen de este subsidio por los nuevos trabajadores contratados, pero extendiendo el beneficio a los ya contratados por un tiempo prudencial adicional, que podría estar entre 3 y 6 meses. Asimismo, sería indispensable ampliar la cobertura de programas de protección social existentes a las zonas urbanas que, como apunta el reporte, serían las primeras impactadas durante esta crisis.

Ante todo esto, los analistas recomiendan que se eviten en lo posible aquellas medidas económicas que, aunque bien intencionadas, incentiven el emprendimiento y la informalidad a largo plazo, y excluyan a las grandes empresas que actualmente sostienen el grueso del empleo formal en el país.

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