Poder Judicial, PNP y PNUD en Comisaría de Ventanilla | Foto: Adrián Portugal / PNUD Perú

 

La pandemia ha evidenciado como nunca las diferencias. Desde un enfoque de género, los impactos sanitarios, económicos y sociales para hombres y mujeres son diferentes debido a las brechas preexistentes. Como señala un reciente estudio del PNUD, las soluciones que se propongan también deben ser diferenciadas, evitando fórmulas generalizadas que profundicen más las brechas, sobre todo si sumamos otros factores de vulnerabilidad. A la luz de lo expuesto, el acceso a la justicia para las mujeres que padecen violencia basada en género también debe ser abordado de forma especial.

La violencia contra las mujeres es una realidad pre pandémica en el Perú, pero se ha intensificado con la llegada del COVID-19. Si bien los reportes no señalan de forma directa el incremento de feminicidios durante la emergencia sanitaria, la realidad grita por sí sola. De acuerdo con un estudio del Programa Aurora, el número de llamadas a la Línea 100 de emergencia se ha multiplicado, aumentando en 88 % respecto al mismo periodo en 2019. Además, la información sobre la cantidad de mujeres desaparecidas y que han sufrido violencia sexual durante la emergencia son escalofriantes, más aún cuando la mayoría de las víctimas son menores de edad.

En esa línea, es importante pensar en soluciones sostenibles y con un trabajo a largo plazo. Por ello, el PNUD ha puesto en marcha la segunda fase del proyecto Acceso a la Justicia para las Mujeres. La primera fase en 2019 permitió identificar que, para la mejora sostenible del acceso a la justica para las víctimas de violencia, se debe apuntar al fortalecimiento de todos los operadores de justicia en su conjunto. Sobre este cimiento, la segunda fase trabaja con el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ), conformado por el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

 

“El acceso a la justicia es un derecho fundamental que puede verse limitado en sociedades no equitativas, sobre todo en el actual contexto de pandemia que ha intensificado las desigualdades. Impulsar un sistema especializado de justicia como respuesta frente a la violencia contra las mujeres, es garantizar este derecho fundamental para todos y todas.”

(María del Carmen Sacasa, representante residente del PNUD Perú)

 

Audiencia con jueza por conexión digital, Comisaría de Ventanilla | Foto: Adrián Portugal / PNUD Perú
Cámara Gesell en distrito fiscal Lima Noroeste | Foto: Adrián Portugal / PNUD Perú

 

Un estudio, realizado en la primera fase del proyecto, resalta la necesidad de que las cinco instituciones que conforman el sistema especializado (SNEJ) mejoren sus niveles de articulación y avancen hacia un sistema de información integrado que impulse la actuación conjunta, “pensar juntos, para hacer y resolver juntos”. Sin actuación conjunta la interoperabilidad es inviable y, sin ella, difícilmente se podrá garantizar el real y efectivo acceso a la justicia para las mujeres.

En ese sentido, el proyecto enfatiza en la implementación del SNEJ y en la articulación de las instituciones que lo conforman, acompañando y fortaleciendo la coordinación por parte del MIMP, promoviendo la interoperabilidad del sistema y contribuyendo al diseño de un modelo de servicios de atención, con la finalidad de mejorar la respuesta oportuna a las víctimas.

El proyecto también pone atención a la especialización de operadores y operadoras que son parte de la ruta de acceso a la justicia, con el desarrollo y virtualización de módulos de capacitación, ajustados a la “nueva normalidad”, en conjunto con el MIMP y en alianza con la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP). En esta misma línea, y con el apoyo del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), se impulsa la certificación de competencias de operadores del Distrito Judicial de Puente Piedra – Ventanilla con funciones vinculadas a la atención integral frente a la violencia.  Es precisamente en este distrito judicial donde el proyecto impulsa la intervención articulada de los integrantes del SNEJ, estableciendo pautas de acción conjunta.

 

Elegimos trabajar en el distrito judicial de Puente Piedra – Ventanilla porque es uno de los tres distritos judiciales donde se inició el funcionamiento del SNEJ, pero principalmente porque cuenta con buenas prácticas implementadas, reconocidas y diseñadas a partir de las necesidades de las víctimas.

(Karim Velasco, coordinadora del proyecto)

 

Pero la emergencia sanitaria representa también un desafío desde el punto de vista digital para la reactivación de la ruta de acceso a la justicia, que choca con las enraizadas dinámicas presenciales con las que han sido implementados los servicios de esta ruta en general. Por ello, partiendo del concepto de justicia digital, el proyecto identifica y busca atender las necesidades tecnológicas para garantizar que los distintos procesos, sobre todo aquellos en los que interviene la víctima, puedan seguir llevándose a cabo respetando el distanciamiento físico que exige este contexto y protegiendo la salud de víctimas y operadores de justicia.

Todas estas acciones tienen como objetivo aportar a la sostenibilidad de los procesos que permitan a las mujeres víctimas de violencia basada en género acceder a la justicia en el actual contexto y más allá de la pandemia. Porque es importante recordar que sólo existe justicia si no dejamos a nadie atrás.

 

Representantes del MIMP, Poder Judicial, PNP y Fiscalía; 4 de las 5 organizaciones que conforman el SNEJ | Foto: Adrián Portugal / PNUD Perú

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