María Del Carmen Sacasa -

Representante Residente del PNUD en Perú

Cuando hablamos de ciudades, hablamos de oportunidades. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que las ciudades todavía no son espacios seguros para las mujeres. Según el observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, el 54 % de nosotras nos sentimos inseguras en esta ciudad. En efecto, las mujeres vivimos y habitamos las ciudades de manera distinta, una experiencia muchas veces restringida por la violencia machista, el acoso callejero y los estereotipos. Ante ese panorama urge que repensemos las ciudades para y con nosotras, una transformación que pasa por acelerar, ante todo, nuestra participación plena y efectiva en la política.

A pesar de que las ciudades siempre están cambiando, hasta ahora han sido diseñadas obviando en gran parte la perspectiva de género. En todo el mundo, las mujeres enfrentan acoso sexual y violencia en los espacios públicos. Estos se producen en numerosos escenarios que van desde buses y taxis, calles, parques hasta mercados. Según el estudio de Lima Cómo Vamos, una de cada cuatro mujeres en Lima manifiesta haber sufrido acoso callejero y un 28 % ha sido acosada cuando estaba en un medio de transporte público. Precisamente, la movilidad es uno de los indicadores de las diferencias entre hombres y mujeres al vivir las ciudades.

Como resultado, las ciudades aún configuran lugares de desigualdades. Para garantizar nuestro derecho a vivir las ciudades, es necesario que más mujeres —al ser más del 50% de la población de Perú— accedan al liderazgo en los espacios políticos en que se toman decisiones tan cruciales para sí mismas.  En efecto, en la actualidad ningún gobierno regional en el país está regido por mujeres y en Lima Metropolitana, de 50 distritos, no hay una sola alcaldesa. Otro ejemplo de esa baja representatividad está en el Congreso de la República.

Desde que se reconoció su derecho al sufragio—apenas hace seis décadas—un total de 266 mujeres peruanas han ocupado cargos legislativos, frente a 2165 hombres que han conseguido curules en el mismo lapso de tiempo. En las elecciones legislativas de enero pasado, solo 33 mujeres fueron electas de un total de 130 congresistas, es decir, menos que en los comicios de 2016 donde hubo 36 mujeres. De hecho, 36 es el número máximo de mujeres electas en toda la cronología del Legislativo peruano.

Es oportuno recordar que el año pasado se aprobó la Ley 30996 que modifica la Ley Orgánica de Elecciones en cuanto a la paridad de hombres y mujeres, aumentando de 30% a 40% la cuota de participación de mujeres en las listas de candidatos al Congreso, e introduciendo además la alternancia para las ubicaciones en estas. No obstante, esta nueva cuota de género recién será aplicada en las próximas elecciones generales en 2021, aumentando a 45 % en el año 2026 y a 50 % en 2031.

Las condiciones están dadas a nivel normativo para la paridad y alternancia, y las experiencias en países vecinos como Bolivia y Costa Rica —donde las cuotas han sido de 30% y 40% respectivamente— demuestran que se pueden alcanzar altos niveles de participación femenina, llegando incluso a casi un 50% de escaños en sus poderes legislativos. 

No se trata de poner cuotas de género porque sí. Se trata de que las mujeres tengan una voz en las decisiones, que sus necesidades sean escuchadas y representadas a la hora de formular políticas públicas que impactan, por ejemplo, en las ciudades. En definitiva, su participación es una oportunidad de replantear estos espacios fomentando la igualdad de género, reconociendo que mujeres y hombres los experimentan de formas distintas.

Así las cosas, las ciudades son lugares de oportunidades para la igualdad de género. Garantizar la participación política de las mujeres, en igualdad de condiciones, es garantizar su ejercicio al derecho a la ciudad. Solo a través de la plena realización de ese derecho construiremos ciudades verdaderamente sostenibles, donde todas y todos las podamos habitar y disfrutar con libertad y autonomía.