En 2018 el Estado peruano, las federaciones indígenas¹ y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) emprendieron la misión de elaborar un Estudio Técnico Independiente (ETI), que desarrolle recomendaciones para la remediación de los territorios afectados por más de 40 años de actividad petrolera en el ex Lote 1AB en Loreto, al norte de la Amazonía peruana.

El éxito de la articulación entre los distintos actores, donde PNUD fue un tercero independiente, concluyó en la elaboración y presentación del estudio y, ahora, la firma para la elaboración de un ETI en el Lote 8.

En esta entrevista, Doris Huando, especialista en metodologías educativas y sociedad civil del PNUD, comparte cuáles han sido los principales avances desde la elaboración del ETI en el ex Lote 1AB y las expectativas frente al Lote 8. 

Pregunta.- Desde la firma del Acta de Lima en 2015², ¿cuál fue el proceso que se siguió para la elaboración del Estudio Técnico Independiente?

Doris Huando (DH).- El PNUD, al asumir el encargo del Estado y la confianza de las federaciones indígenas, inicia el proceso con la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales que le dieron ese carácter independiente al estudio.

El ETI marca un hito porque fue construido sobre la base de un enfoque participativo y de derechos, reconociendo a todos los actores y sus roles en el proceso: Estado, federaciones indígenas, sociedad civil, empresa, PNUD y equipo de expertos.

Desde su rol rector, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), generó las condiciones para que los expertos del equipo pudieran hacer su trabajo. En tanto, el respeto a la cultura y la institucionalidad indígena abrió puertas para que el ETI pueda ser bien recibido e involucrara a las comunidades quienes, al ser la memoria viva, brindaron información relevante para el equipo de expertos y para reconstruir la historia de este lote petrolero. 

P.- Desde que se entregó el ETI en julio de 2018, ¿en qué recomendaciones se han avanzado?

DH.- Desde la lectura del PNUD,  se podrían identificar algunos hitos importantes que visibilizan la voluntad del Estado peruano para implementar las recomendaciones del ETI.

La primera es sobre la arquitectura institucional del MINEM. Después del ETI, la Oficina de Gestión Social, que fue clave en el tratamiento de la elaboración de este estudio, creó dos órganos de línea. Uno es la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana, donde se privilegia el diálogo y la implementación de mecanismos de participación para atender y prevenir los conflictos sociales; y otro es la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales que hace seguimiento de los compromisos asumidos por el Estado para que no se constituyan en causales de conflictos.

A su vez, se ha conformado un Grupo de Trabajo para la Remediación —integrado por la Dirección General para Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) y la Dirección General de Hidrocarburos de MINEM; la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM); y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)— con el objetivo formular propuestas para minimizar la exposición a sustancias químicas en actividades de hidrocarburos, así como definir los compromisos de cada entidad sobre la materia.

Asimismo, en el marco de su proceso de evaluación de instrumentos de gestión ambiental para establecer reglas aplicables a la remediación ambiental en el ex Lote 1AB, la DGAAH ha fortalecido sus capacidades en temas de Evaluación de Riesgos en Salud y Ambiente; y a su vez ha socializado los resultados del ETI con otros sectores del Estado a fin de sensibilizar a las autoridades del sector público sobre los riesgos a la salud y al  ambiente por la realización de actividades de hidrocarburos, que es uno de los puntos centrales del Estudio; así como abordar con mayor detalle su contenido.

P.- En cuanto a la remediación ambiental de los sitios pactados, ¿qué avances se tienen?

DH.- Tal como sugieren las recomendaciones del ETI, el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), que administra el fondo de contingencia para la remediación ambiental, considera que los planes de rehabilitación para los 32 sitios impactados por actividades de hidrocarburos deben enfocarse en el riesgo de la salud de las personas y el ambiente. Y asume que los procesos de remediación deberían ser participativos y con enfoque intercultural, considerando que, si funcionó para la elaboración del ETI, debe tomarse en cuenta en las intervenciones que el Estado hace en territorios con marcados escenarios de conflictividad social.

Importante señalar que se ha logrado la suscripción del Convenio de Transferencia de recursos financieros entre el Ministerio de Energía y Minas y el FONAM para financiar la ejecución de obras de remediación de los sitios impactados por actividades de hidrocarburos, por más de 180 millones de soles.

Al mirar este proceso podemos señalar que los avances guardan coherencia con el objetivo que no solamente es del ETI, sino del Estado en general, de remediar los territorios afectados por la actividad petrolera; lo cual supone mirar la arquitectura institucional, los instrumentos de gestión ambiental, y en qué medida todo esto tiene que estar acorde para dar respuesta al momento de remediar los territorios.

P.- A partir de estos avances, ¿cuál es el rol que están jugando las federaciones indígenas?

DH.- Resulta importante que podamos recoger de la voz de las federaciones involucradas cómo van percibiendo este proceso. Las federaciones están activas en demandar otros compromisos que también se desprenden del Acta de Lima. Por ejemplo, respecto de la entrega del informe final del estudio sobre metales pesados en la sangre de los pobladores, a cargo del Ministerio de Salud (MINSA). Las federaciones consideran esto un logro importante, pero lamentan que solo se haya restringido a resultados numéricos y no contenga un análisis más profundo.

Volvemos al tema de la confianza. Todos los pasos que el Estado dé, por más positivos que sean, siempre van a tener una inicial resistencia desde las comunidades, al señalar cómo su historia ha estado marcada por permanentes demandas frente a un Estado que solo firma actas, compromisos, se sienta en mesas de diálogo; pero finalmente no da un impacto en sus vidas y en sus territorios. Sin embargo, el Estado está actuando en la Amazonía peruana. El Viceministerio de Gobernanza Territorial avanza en el proceso de elaboración de un diagnóstico y plan de cierre de brechas para las poblaciones del ámbito petrolero. Asimismo, una Ley orientada a promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía. Es una buena señal de la voluntad que existe de construir una agenda común orientada a una actuación más articulada de los distintos niveles y sectores para el desarrollo de las poblaciones del ámbito petrolero.

P.- Teniendo en cuenta los procesos de conflictividad social en este último año, ¿cuáles serán las diferencias en procedimientos con el nuevo ETI del Lote 8?

DH.- En el ETI anterior trabajamos con Federaciones de Cuatro Cuencas, con quienes desarrollamos un diálogo de alta calidad; ya que actúan orgánicamente, tienen una agenda consensuada y gozan de legitimidad frente a las comunidades que representan. En el ámbito territorial del Lote 8 trabajaremos con Federaciones de Cinco Cuencas, donde no sólo la geografía es más compleja, sino también la dinámica del tejido social.

A nuestro favor tenemos que las Federaciones de Cinco Cuencas vienen desarrollando un trabajo activo con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Viceministerio de Gobernanza Territorial, es decir, gozan de una plataforma de actuación bastante visible. Esta es una oportunidad a aprovechar cuando implementemos el ETI del Lote 8. Hemos tenido un acercamiento inicial con estas Federaciones a través del MINEM, en el proceso de validación de los términos de referencia para el estudio en el Lote 8.

P.- ¿Qué tan importante ha sido el enfoque de interculturalidad para construir y mantener las relaciones de confianza con las comunidades?

DH.- El respeto a la institucionalidad indígena, construida ancestralmente, es clave para el buen relacionamiento. Con ello, generamos relaciones de respeto y confianza, y a su vez, el respeto a la propia institucionalidad del Estado.

Es importante valorar que la población es depositaria de la historia del territorio. El equipo de expertos del ETI lo constató cuando llegó a las comunidades con mapas satelitales de última generación; y luego vieron los mapas parlantes que los comuneros y las comuneras habían armado. Los expertos notaron que sus mapas satelitales necesitaban ser alimentados con información que solo las comunidades poseen. Esto una vez más restituyó lazos de confianza, la gente se sintió que sus saberes eran recogidos y constituían un valioso aporte para un estudio de carácter científico.

Eso es la interculturalidad, tiene que ver con respetar la institucionalidad, su lengua, sus saberes sobre la tierra, las cuencas, el impacto que la contaminación tiene no solo en sus vidas, sino en el agua, las plantas, los animales. Tiene que ver con valorar e incorporar esos saberes en los estudios y en las investigaciones que se hacen para llenar vacíos de información respecto del ecosistema amazónico.

P.- ¿Es ahí donde entra el rol de los monitores ambientales?

DH.- Estos vigilantes de la Amazonía, los monitores ambientales, tienen una plataforma de organización que se constituye en un soporte importante, de conocimiento de la historia y del territorio, para un equipo de expertos como los del ETI. Los monitores han sido capacitados para esta labor por el Estado y algunos organismos cooperantes, utilizan algunas herramientas como drones, tienen un aplicativo para que en tiempo real puedan comunicar los resultados de sus mediciones de la calidad del agua y elaboran informes periódicamente que envían al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

P.- ¿Y cómo se aplica el enfoque de género en un proceso como el del ETI?

DH.- Nos enfrentamos a una realidad patriarcal. Sin embargo, se va entrando en procesos no solo de reflexión, sino de actitudes prácticas respecto del involucramiento de la mujer. Entonces, las comunidades, así como al Apu, tienen a la Madre Indígena que representa a las mujeres. Es una señal muy interesante de cómo las comunidades se van abriendo a esta necesidad de saber y mirar que el desarrollo solo es posible con la participación y toma de decisiones tanto de hombres como de mujeres.

Cuando nos acercamos a hacer entrevistas, encuestas, escuchamos la voz diferenciada. Porque un acercamiento a la problemática del territorio y del agua es distinta entre la que reporta un hombre y la que reporta una mujer. Entonces no solo hay percepciones distintas, sino usos distintos de los recursos, demandas distintas. Propiciamos espacios solo para mujeres a fin de crear un entorno de mayor confianza para el diálogo, con la ayuda de intérpretes mujeres, para aplicar encuestas y entrevistas de manera diferenciada y así recogerlo en el informe.

P.- ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora?

DH.- Seguir capitalizando la buena relación de confianza que hemos logrado construir con el Estado y las federaciones, que es el capital más importante en este proceso. Esta confianza permite que, ante retrocesos o vacíos o el no seguimiento de las recomendaciones del ETI, estemos en capacidad de sentarnos a evaluar el proceso. Sería interesante que los actores que estuvimos involucrados en el proceso de elaboración del estudios nos podamos sentar a hacer el balance; identificando lecciones aprendidas. Esto se convierte en un insumo clave a puertas de que empecemos a trabajar el nuevo ETI del Lote 8 y en la integración de este ETI con las distintas intervenciones que el Estado viene realizando en aras del desarrollo sostenible de la Amazonía.

^[1] Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR), Organización de Pueblos Indígenas Kichwas, Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador (OPIKAFPE) y Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT).

^[2] El ETI del ex Lote 1AB es uno de los acuerdos del “Acta de Lima”, firmada en 2015 por el Gobierno peruano y las federaciones indígenas.