Los derechos de los damnificados

04-may-2017

Foto: Renzo Velásquez Bernal/ PNUD Perú

Este artículo forma parte de una serie en la que expertos del PNUD comparten sus puntos de vista y experiencias en el marco de la Plataforma Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres que se llevará a cabo en mayo, y la Conferencia Mundial de Reconstrucción en junio.

En las últimas semanas hemos sido testigos de las devastadoras consecuencias que las lluvias intensas y derrumbes han causado en el Perú, afectando a miles de seres humanos. En contraste, esta situación también se ha convertido en una oportunidad única para cohesionar al país pudiendo demostrar a sus habitantes y al mundo que se puede emerger de la dificultad bajo una sola fuerza, uniendo diversos niveles de gobierno, clase política, sociedad civil, población de todas las edades y comunidad internacional, por el mismo propósito: la recuperación de las personas.

La asistencia humanitaria debe ser oportuna y fiable para evitar la pérdida de vidas. Sabemos que los desastres acrecientan las brechas y vulnerabilidades pre-existentes. Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, alrededor de 700,000 personas podrían ingresar a una situación de pobreza a causa del Fenómeno de El Niño Costero. Ante esto es importante hacer prevalecer el derecho de todas las personas sin discriminación alguna. Debemos garantizarles una vida digna, asegurándoles integridad, seguridad y la recuperación de sus medios de vida. Las niñas, niños, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores requieren de nuestra atención especial e inmediata. Recordemos también que las consecuencias de los desastres exacerban los riesgos de violencia. Es fundamental el soporte psico-emocional para quienes han sido desplazados.

Al recorrer el territorio, constatamos que es esencial que nuestro trabajo fortalezca el ejercicio ciudadano y la participación activa de las personas damnificadas y afectadas, tanto durante el proceso de asistencia humanitaria como a lo largo del proceso de recuperación para que éste sea sostenible, evitando reeditar condiciones de riesgo a futuro.

En esta emergencia se han activado mecanismos nacionales e internacionales para complementar esfuerzos del Gobierno. Desplegamos a un equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Análisis de Necesidades (UNDAC) que, junto a especialistas sectoriales, analizaron y evaluaron la situación en las comunidades de las 5 regiones más afectadas del país con el objetivo de dar una respuesta rápida e integral, poniendo en el centro de nuestra labor a las personas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desplegó un grupo de especialistas desde el inicio de la emergencia, para apoyar al gobierno nacional y a los gobiernos regionales y locales a organizar e implementar las acciones de recuperación temprana en favor de la población en situación de mayor vulnerabilidad.

En el terreno, el PNUD está empezando a implementar en coordinación con el Ministerio de Trabajo un proyecto piloto de empleo en emergencia para la remoción de lodos contaminados en unos de los barrios de Piura más afectados por las inundaciones con la finalidad de facilitar el retorno seguro de las poblaciones que actualmente se encuentran hospedadas en los albergues temporales y reduciendo además el riesgo sanitario y ambiental.

En el mediano plazo PNUD estará brindando asistencia técnica a Gobiernos subnacionales priorizados para la reactivación económica de la población mayormente afectada.

Nuestro principal mandato es contribuir al desarrollo humano sostenible de los países y, en esta tarea, consideramos que la Gestión del Riesgo de Desastres es una de nuestras prioridades. Esto incluye actuar de manera comprometida y de la mano con las autoridades nacionales en situaciones de desastres como las sucedidas recientemente, brindando el apoyo a las poblaciones afectadas, complementando la respuesta estatal y conjugando esfuerzos para responder a las necesidades de recuperación temprana y el restablecimiento de los medios de vida, pero sin “reconstruir los riesgos”, tal como ha sido expresado por el Gobierno Peruano.