PNUD propone nuevas perspectivas para medir el progreso

23-jun-2016

Foto: Alvaro Beltrán

La principal amenaza al progreso en la región es la recaída de millones de hogares en la pobreza, pero la ralentización económica no es la única culpable de tal regresión, indica el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado este martes 21 de junio en un evento co-organizado por esta Organización y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). El informe presenta recomendaciones para que la región impida retrocesos y siga avanzando en lo social, económico y ambiental, con políticas públicas de nueva generación, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El informe, titulado “Progreso Multidimensional: bienestar más allá del ingreso”, propone un concepto de desarrollo que tiene como eje central la riqueza de la vida humana y el bienestar, considerando que el progreso medido únicamente a través del ingreso monetario no ha servido para el desarrollo integral de las personas en la región. En este panorama, el Informe plantea considerar las distintas variables que inciden en el desarrollo como: la mejora del acceso y la calidad de los servicios básicos, un sistema de cuidado, el cierre de brechas históricas de género, raza y etnia y la protección del medio ambiente. La idea principal en la que se ampara el informe es que “nada que disminuya los derechos de las personas y comunidades, o que amenace la sostenibilidad ambiental puede ser considerado progreso”. En este sentido, el PNUD enfatiza que el bienestar de la gente es “más que ingreso”, y llama a que los líderes y decisores de la región se centren en el logro de un “progreso multidimensional”.

Durante la presentación del informe, María del Carmen Sacasa, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú y Representante Residente del PNUD remarcó que “la pobreza en todas sus dimensiones, las desigualdades, la discriminación y las exclusiones históricas por razones de género, etnia, raza  u orientación sexual, entre tantas otras variables, requieren de la atención urgente de los países, y la acción debe alcanzar a las personas por encima y por debajo de las líneas de pobreza monetaria”.

Más de lo mismo, no rinde lo mismo

Las medidas que favorecieron el crecimiento económico en la región no garantizan que en el futuro se puedan superar las brechas sociales y condiciones de pobreza que perjudican aún a millones de latinoamericanos. El estudio del panorama regional revela que si bien han salido de la pobreza cerca de 72 millones de personas, y entraron a la clase media 94 millones de personas entre 2003 y 2013, los últimos tres años vieron una ralentización, y luego una reversión de esta tendencia. Se estima así que entre 2015 y 2016 aumentó el número absoluto de personas pobres.  Este fenómeno se explica en los límites de la expansión laboral y fiscal de la región como consecuencia de la informalidad que impera en el mercado laboral y recaudación de impuestos a empresas pequeñas y medianas. Se tiene así que de las más de 50 millones de empresas pequeñas y medianas de la región, el 70% son informales, y dos de cada tres nuevos empleos creados en la región fueron en el sector de servicios, que tiene baja productividad y altas tasas de informalidad.

Trasladando esto a un contexto local, en el 2015, se estimaba que el 73.2% de la fuerza laboral en Perú se desarrollaba en el sector informal, pero su representatividad en el PBI estaba por debajo del 20% (INEI, 2014). Si bien proyecciones del CEPLAN (2016) estiman que el sector informal se reducirá al 58.2% en 2021, la mejora en su productividad será leve (17%). Sin aumentos futuros de la productividad en los sectores de baja calificación laboral, la sostenibilidad del crecimiento y de los progresos sociales se ven comprometidos.

El informe señala también que existen 220 millones de latinoamericanos que han salido de la pobreza, pero que no han logrado consolidarse como clase media, puesto que sus ingresos diarios están en el rango de US$4-US$10. Este grupo de personas son denominadas “vulnerables”, ya que tienen capacidades reducidas para hacerle frente a impactos externos, por lo que se encuentran en un alto riesgo de sufrir retrocesos sociales y económicos, y a largo plazo, a recaer en la pobreza. En el Perú, la pobreza monetaria en Perú se redujo en más de la mitad entre 2004 y 2015 (58.7% a 21.77%). A pesar de este importante avance, en 2013, aproximadamente 35% de la población estaba en situación de vulnerabilidad, lo cual es equivalente a 10.5 millones de personas. De acuerdo al Informe, al 2016, existen 12 millones de personas en el país que viven en situación de vulnerabilidad.

Avanzar en desarrollo sostenible e inclusivo

Cabe resaltar que el Informe propone que los factores que inciden en la salida de la pobreza son distintos a aquellos que previenen su recaída. Los primeros suelen estar asociados al logro educativo y el mercado laboral; los segundos, con el acceso a activos físicos y financieros, la existencia de sistemas de protección social y cuidado a lo largo de todo el ciclo de vida, y la calidad del empleo. Para este conjunto de factores se plantea el concepto de “resiliencia” en la población, que busca la formulación de políticas que garanticen que nadie recaiga en la pobreza tras haber salido de ella.

De esta forma, se evidencia que la promoción de un bienestar multidimensional que traspase las desigualdades existentes en la región plantea un desafío a los países de América Latina y el Caribe, que deben enfrentar una coyuntura que les exige, por un lado, proteger los logros alcanzados en reducción de la pobreza y; por otro, prevenir la recaída en pobreza de millones de personas. El Perú enfrenta así un gran reto para su desarrollo que implica la formulación de políticas sociales que complementen lo logrado hasta hoy, y garanticen el ejercicio de derechos y calidad de vida para los sectores más vulnerables.

En esta línea, la Ministra Bustamante resaltó que “uno de los principales retos de la gestión pública seá articular las metas concretas y plazos de cada Ministerio con los otros sectores; asegurando llegar juntos y articulados pero, además, con una propuesta que se adapte interculturalmente a lo largo del territorio”.

George Gray Molina, Jefe de Economía del Bureau del PNUD para América Latina y el Caribe, y autor principal del Informe brindó la exposición principal del evento, y lo acompañaron como panelistas Paola Bustamante, Ministra del MIDIS; Edo Stork, Representante Residente Adjunto del PNUD; María Eugenia Mujica, Especialista de Programa PNUD; y Enrique Vásquez, profesor principal de la Universidad del Pacífico.

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