La inseguridad ciudadana frena el desarrollo de América Latina

27 feb 2014

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La inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de América Latina según el Informe de Desarrollo Humano regional (IDH) “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, presentado hoy  en Lima por  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El evento contó con la participación del Ministro del Interior, Walter Albán; Juan Diego Ruiz Cumplido, Coordinador General de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Rafael Fernández de Castro, Coordinador General del Informe; Gino Costa Santolalla, Presidente de Ciudad Nuestra y Rebeca Arias, Coordinadora Residente de Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en el Perú.

“Son múltiples las amenazas que hoy padecen los ciudadanos latinoamericanos: el delito cotidiano en las calles, la delincuencia organizada, la violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, la violencia de género y en especial el feminicidio. Esta es una mezcla que deteriora gravemente la seguridad y frena el desarrollo humano en los países de la región, incluyendo  al Perú. El PNUD tiene la firme esperanza de que este Informe regional que hoy presentamos en el Perú se constituya en un instrumento  que contribuya a que los gobiernos de la Región emprendan acciones efectivas  en escala nacional y local para una seguridad ciudadana con rostro humano, es decir, con un riguroso respeto a los derechos de todas las personas y a los fueros de las instituciones democráticas”, señalo Rebeca Arias, Representante del PNUD en el Peru.

Por su parte el Ministro del Interior, Walter Albán, indicó que el contenido del informe del PNUD contribuirá a la elaboración de mejores políticas y lineamientos de acción para velar por la seguridad ciudadana. Admitió que actualmente hay necesidad de realizar "mejoras sustantivas" en los ámbitos de inteligencia y criminalística policial para afrontar los retos que supone la existencia de nuevas formas de delinquir.

En el informe se señala que en la última década la región ha sido escenario de dos grandes expansiones, la económica pero también la delictiva. Pese a las mejoras sociales, la región sigue siendo la más desigual y la más insegura del mundo. Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, que registra más de 100 mil asesinatos por año, con un total superior a un millón de asesinatos entre 2000-2010. Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado e incluso ha disminuido en algunos países, todavía es alta: en 11 de los 18 países, la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes, nivel considerado epidémico. En todos los países analizados, la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos.

El estudio se concentra en seis amenazas principales que se entrecruzan e impactan negativamente la región: el delito callejero;  la violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de género; la corrupción; la violencia ilegal por parte de actores estatales y la delincuencia organizada.

“Si bien algunas amenazas—como la delincuencia organizada, y especialmente el narcotráfico— suelen ser utilizadas para explicar la inseguridad, las dinámicas regionales, nacionales y locales son mucho más diversas”, explica el principal autor del IDH, Rafael Fernandez de Castro. “Incluso, muchas se originan y se manifiestan en el ámbito local.”

Una de las principales lecciones de la región es que las políticas de "mano dura" no funcionan: la fuerte represión  policial y penal a menudo ha coincidido con altos índices de criminalidad, dice el informe. Las experiencias analizadas confirman que un enfoque que proteja los derechos a una vida digna y la integridad física y material es la base de la seguridad ciudadana, que es un bien público al cual todas las personas deben tener acceso y, como tal, su provisión es responsabilidad del Estado, resalta el IDH.

MAPA DE LA INSEGURIDAD –  Mientras que en la mayoría de los países de América Latina la pobreza y la desigualdad disminuyeron en el periodo de 2004-2010, en más de la mitad de los países analizados la tasa de homicidio subió, incluso en aquellos países con menores niveles de pobreza. Además, uno de cada tres latinoamericanos señaló haber sido víctima de un delito con violencia en el año 2012, revela el informe del PNUD.

El aumento de las expectativas de consumo y relativa falta de movilidad social en la región impulsan lo que se denomina un “delito aspiracional”, dice el IDH. Además, las transformaciones causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y deficiencias en el sistema escolar han generado condiciones que inciden en la criminalidad. El porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas, sin ser sus causales, también impulsan el delito según el estudio, que señala que “las capacidades de los Estados latinoamericanos no han estado a la altura del desafío de la inseguridad: la corrupción y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad.”

La encuesta de cárceles que el PNUD realizó en Perú, Argentina, Brasil, Chile y México evidencia persistentes retos sociales. En Perú 36,1 de los encuestados se fue de la casa antes de los 15 años; el 15,6 crecieron sin su padre o madre hasta los 12 años. En todos los países, más de un 80% de los internos encuestados no completó 12 años de escolaridad.

El informe también revela una correlación directa entre el crecimiento urbano y el delito: la mayoría de los países que tuvieron un crecimiento de la población urbana superior al 2%  anual (el crecimiento demográfico natural), también tuvieron incrementos en las tasas de homicidio. “El problema no es el tamaño de la ciudad, sino la capacidad institucional para incorporar a los sectores que se encuentran en los barrios en condiciones de marginalidad”, señala el IDH.

Los jóvenes, principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia y a la vez son los responsables más comunes de la violencia y los delitos, según el informe, que también hace un llamado para evitar la criminalización y estigmatización de los jóvenes, particularmente de bajos ingresos.

El estudio del PNUD destaca la violencia de género como una amenaza persistente y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región. Los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y asesinatos de mujeres (feminicidio) han aumentado en casi todos los países. De los internos que habían cometido delitos sexuales entre el 75% y el 90% declararon conocer a sus víctimas antes del delito y entre el 20% y el 40% eran sus familiares, según el informe. 

PERCEPCION DE INSEGURIDAD - El IDH regional muestra que en todos los casos analizados es mayor la percepción de inseguridad que la victimización directa. Cinco de cada 10 latinoamericanos perciben que la seguridad en el país se ha deteriorado. Pero en Honduras, por ejemplo, que tiene la mayor tasa de homicidios del mundo (86.5 por 100,000 habitantes), ocho de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en sus barrios, siguiendo el promedio regional.

COSTOS DE LA INSEGURIDAD – El informe resalta que la inseguridad impacta en al menos tres dimensiones del desarrollo humano: a la persona, a la cohesión social y a las instituciones democráticas. También afecta el potencial económico de la región: sin el exceso de muertes por homicidios el Producto Interno Bruto (PIB) de la región hubiese sido superior en un 0,5%, lo que equivaldría a una ganancia potencial de más de US$24 mil millones de dólares en el 2009.

RESPUESTAS – El IDH resalta que reformar las instituciones básicas de la cadena de justicia—policía, jueces, ministerio público y cárceles—es esencial para responder a la inseguridad ciudadana, con énfasis en reestructurar los procesos de contratación, administración y profesionalización de los funcionarios para lograr una seguridad ciudadana efectiva y respetuosa de los derechos humanos. El estudio analizó la proporción de policías y de jueces en distintos países y realizó encuestas que revelaron bajos niveles de confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia criminal.  Excepto Nicaragua y Panamá, más de la mitad de los latinoamericanos expresaron poca o ninguna confianza en que los tribunales actuarían de manera confiable en el caso de ser víctimas de un robo o asalto. 

Según el estudio del PNUD el sistema penitenciario está en crisis en prácticamente todos los países de la región, con distintas intensidades. Algunos factores como las deficiencias institucionales de las policías y los tribunales, la sobrepoblación y el abuso de la prisión preventiva son retos clave. Además, la función rehabilitadora de los sistemas penitenciarios no ha sido priorizada, según el informe, “luego las cárceles se han vuelto espacios que potencian la violencia, los abusos de los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva.” Asimismo, la percepción de los ciudadanos del encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ha limitado el avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar medidas alternativas y fomentar la reinserción social, destaca el IDH.

MÁS ALLA DEL ESTADO – El informe resalta la importancia de la respuesta de “actores no estatales”, incluso de los movimientos sociales, y de la cooperación internacional, a nivel regional y con organismos internacionales. Sin embargo, enfatiza que debido a la creciente percepción de inseguridad, a la expansión de las clases medias y al “adelgazamiento” del Estado, la contratación de vigilantes privados ha crecido en América Latina a una tasa estimada del 10% anual. La región tiene hoy casi 50% más vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía (2.616.753), siendo los agentes de seguridad privada de la región los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado diez veces mayor que la de Europa occidental. Este fenómeno aumenta la desigualdad de la población en términos de capacidad de lidiar con el delito, dice el IDH.

RECOMENDACIONES –Las 10 recomendaciones del informe basadas en las lecciones aprendidas de la región son : 1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, con base en las experiencias y lecciones aprendidas, incluyendo a través de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado; 2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito; 3. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; 4. Disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos; 5.  Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana; 6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes; 7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público; 8; Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas; 9. Regular y reducir los disparadores del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública y 10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.