La ardua tarea de prevenir conflictos en el Perú


El programa tiene como objetivo consolidar la gobernabilidad democrática y el desarrollo. Foto: José Wong.

Esta iniciativa previene conflictos en el uso de los recursos naturales en diversas regiones. Es el primer proyecto en su tipo en América Latina.

Genoveva Gómez es abogada. Desde el 2006 es comisionada de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca. En aquella región, junto a ella, trabajan cinco profesionales y dos practicantes de Derecho. La tarea de su equipo no es sencilla: deben atender la demanda de once provincias. Además, desde que estallaron los fuertes conflictos sociales a raíz de la oposición de la población a uno de los proyectos mineros más importantes de los últimos años, Conga, su trabajo no solo se ha incrementado, sino que se ha vuelto mucho más complejo.

Por ello, en el mes de junio, Genoveva, después de muchos años, recibió una capacitación muy diferente a las que había recibido hasta ese momento. El taller formaba parte del proyecto “Prevención de Conflictos Sociales en el uso de los Recursos Naturales”, una iniciativa del PNUD y la Oficina de Diálogo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que con el apoyo económico de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) se implementará a lo largo de cuatro años. “Pude obtener aprendizajes muy útiles para mi trabajo, pues requerimos actualizarnos y estar constantemente capacitados”, cuenta Genoveva. 

Aspectos destacados

  • La duración del programa será de cuatro años y se estima que alcanzará a 753 funcionarios públicos de forma directa.
  • Aproximadamente 8.1 millones de habitantes , se beneficiaran de manera indirecta, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas

¿Pero qué significa realmente una capacitación de este tipo en un país como el Perú? Didier Trebucq, Representante Residente Adjunto del PNUD en el Perú, explica que “el objetivo general es promover la paz social y la estabilidad en las zonas afectadas por conflictos socioambientales. Así, se contribuye con asesoría técnica a las instituciones nacionales, regionales y locales responsables de la prevención, gestión y resolución de conflictos. Trabajamos para que los gobiernos sean más eficaces y así permitir que las personas tengan voz y voto en las decisiones que afectan sus vidas”. Estas capacitaciones ayudan a comprender desde distintos puntos de vista las aristas que suelen tener estos enfrentamientos, para consolidar la gobernabilidad democrática y el desarrollo.

En el transcurso del 2012, el proyecto ha impulsado talleres participativos dirigidos a profesionales de la Defensoría del Pueblo, representantes de las industrias extractivas (compañías mineras e hidrocarburos), representantes de los Gobiernos Regionales y de la sociedad civil. Es decir, se pretende lograr la institucionalización del diálogo político y el proceso de construcción de consensos, en torno a una visión compartida de los principales actores involucrados dentro de la estrategia de desarrollo, lo que incluye a comunidades indígenas y al sector privado.

También se fomenta el desarrollo de capacidades y destrezas para gestionar conflictos con criterio de género, en por lo menos ocho departamentos del Perú en los que vienen ocurriendo conflictos asociados a la extracción de recursos naturales: Cajamarca, Amazonas, Ancash, Apurímac, Puno, Cusco, Loreto y Piura. “En este contexto, el diálogo democrático, la prevención, la mediación, el manejo y la resolución de conflictos toma todo su sentido. Un Estado cuyas instituciones reciben una adecuada capacitación en estos temas cuenta sin duda con mejores herramientas para desarrollar políticas públicas favorables a la paz social”, afirma Didier Trebucq.

Percy Vargas Valderrama, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Tacna, señala que según su experiencia los conflictos se dan generalmente por el cuidado del medio ambiente y casi siempre se tiende a culpar a las mineras. “Requerimos ser capacitados para actuar de manera idónea en estas situaciones que se presentan a menudo. Cada año aparecen más mineras y el número de conflictos también se incrementa”, señala Vargas.

Este es el primer proyecto en su tipo en América Latina, por lo que podrá servir de ejemplo para implementarlo en otros países. La duración del mismo será de cuatro años y se estima que alcanzará a 753 funcionarios públicos de forma directa. De manera indirecta, se podrían beneficiar aproximadamente a 8.1 millones de habitantes, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas. En otras palabras, casi el 25% de la población peruana. Sin duda, el proyecto es ambicioso en todo sentido y se espera que culmine con éxito para el bien de la gobernabilidad en el país.

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El trabajo aquí presentado es el resultado de un riguroso proceso de investigación desarrollado bajo el enfoque de la metodología prospectiva del PAPEP-PNUD y que ha tomado en cuenta la voz de la ciudadanía, de los líderes y del saber experto a través de informes especializados.

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